¿Que se puede hacer? | Ejemplo REAL| ¿De esto se valen?
	¿Que se puede hacer?
	INSEGURIDAD JURÍDICA ¿qué significa? Significa que mi cliente (holding empresarial) lo empleara como herramienta estratégica para aumentar sus beneficios Significa que no podre cumplir con mis obligaciones laborales ¿Estoy contribuyendo a engordar la siniestralidad laboral? Significa que no podre cumplir con mis obligaciones fiscales ¿se me considera delincuente fiscal? Significa que no podre cumplir con mis obligaciones sociales ¿se me considera delincuente social? Significa que no podre cumplir con mis obligaciones de medio ambiente ¿estoy atentando contra la humanidad? Si negociar con mi cliente es imposible ¿Qué opción me queda? Si denunciar a mi cliente sus prácticas abusivas es inviable por los altos costes de la justicia y los altos tiempos de espera (sobre los 8 años) ¿Qué opción me queda? Según una sencilla formula matemática seria. (INSEGURIDAD JURÍDICA)X = (SINIESTRALIDAD LABORAL) 1 + (FRAUDE FISCAL)2 + (FRAUDE SOCIAL) 3 + (DELITO AMBIENTAL) 4 MATEMÁTICAMENTE SE PUEDE DEDUCIR QUE LA X (INSEGURIDAD JURÍDICA) LOS UNICOS QUE TIENEN LOS MEDIOS DE VARIAR EL VALOR SON LOS GOBIERNOS. POR LO TANTO “POR SIMPLE DEDUCCIÓN MATEMÁTICA” SON LOS UNICOS RESPONSABLES DE LO QUE LES PUEDA PASAR A LOS FACTORES 1/2/3/4. ¿Quien sería el culpable? Todas las respuestas de nuestros problemas. Declaraciones en uno de los juicios GRÚAS ABRIL contra MAPFRE VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 Para que la actividad empresarial sea capaz de desarrollarse con capacidad innovadora es crucial que las normas sean claras y transparentes y que se cumplan rigurosamente, es decir, que haya seguridad jurídica. Al final de la lectura de un texto en el que destacan muchas otras cosas (por ejemplo que el 80% de los jueces y magistrados no duran más de dos años en el lugar que ocupan), uno se pregunta quién gana y quién pierde con esa situación. Si la justicia es al mismo tiempo poder y servicio público, puede que el "poder" se preserve, pero el "servicio" da más bien pena. Y es bastante obvio que ahora, como hace muchos años, la desigualdad de recursos económicos, cognitivos y relacionales sigue situando a una buena parte de la población en una situación de indefensión y de práctica exclusión legal. La fractura legal de buena parte de la población es consentida y admitida por ese conjunto de operadores jurídicos que van más allá de jueces y órganos judiciales, como son los abogados, los fiscales, las instituciones penitenciarias y los propios ciudadanos que usan y abusan (algunos) de sus servicios. Necesitamos una auténtica política pública judicial que aborde en su complejidad e integralidad esa deficiente prestación de un servicio básico para el ejercicio de la ciudadanía. Los sucesivos informes mencionados constatan con meridiana nitidez que la cosa no va bien. Ahora sólo falta que entre todos empujemos para que, de verdad, se haga justicia. Y justicia para todos, no sólo para los que conocen los vericuetos y atajos de la maraña judicial o para aquellos que simplemente pueden pagar a alguien que lo haga por ellos.
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